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Cámara oculta en el Ayuntamiento
Aurora G. Campos
En el Ayuntamiento de Fuenlabrada se ha encontrado una cámara oculta. Una trabajadora se percató de la existencia del espía al observar que había un detector de humos distinto de los demás. En un primer momento, los hechos fueron negados. Después se reconoció que la cámara estaba en el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento desde hacía un año. Lo que aún no ha trascendido claramente es quién dedicaba su tiempo a observar a los trabajadores. Dado que el derecho a la intimidad es un derecho fundamental que se extiende al ámbito laboral, a través de esta cámara se ha robado a los trabajadores su intimidad. Se ha robado la concentración en su trabajo, los ratos de aburrimiento, las veces que cogen el teléfono, cuando se levantan de su asiento, qué archivos consultan, y, en fin, cada uno de los actos en que el trabajador piensa que está solo. La soledad no es sólo una situación, sino también un derecho. Estar solo es una facultad que no puede ser burlada por el espionaje laboral. Nadie tiene derecho a registrar los cajones de la mesa de un trabajador, ni el contenido de su ordenador, ni a escuchar detrás de una puerta. Estas conductas no sólo arañan el más común sentido de la educación, sino que también violan un fundamental derecho a la intimidad. El motivo de la instalación de la cámara obedeció a la desaparición de varios expedientes administrativos, siendo el objetivo localizar al autor de los hechos. Si ese era el objetivo, también podrían haber pinchado el teléfono de todos los trabajadores sin resolución judicial previa. O podrían haber instalado cámaras en todos los departamentos del Ayuntamiento y así se ampliaban las posibilidades de búsqueda. No existe ninguna justificación para este tipo de conducta.
El asunto es más retorcido de lo que parece. Ahora los trabajadores afectados pueden emprender las acciones legales oportunas contra sus vigilantes. Pero cabe preguntarse qué puede ocurrirle a un trabajador de una empresa cualquiera cuando ejercita una acción legal contra su jefe y además gana el procedimiento incoado al efecto. Si en la empresa privada el cese en las relaciones laborales como represalia puede ser una consecuencia esperable, en la Administración pública la consecuencia es peor. Posiblemente, al trabajador o trabajadores que opten por ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva le caiga encima una losa de aislamiento laboral difícil de soportar. Quizá vean cómo poco a poco sus puestos de trabajo son vaciados de contenido. A lo mejor una buena mañana observan que desde hace tiempo nadie les habla. Puede que de repente no tengan funciones que realizar y que, su mesa se vea limpia de expedientes. Mobbing puro y duro. La Administración tiene mucha paciencia. Por lo tanto puede mantener a un trabajador en esta situación durante años, hasta que se canse y se despida él solo por puro agotamiento. Los escrúpulos morales en este tipo de prácticas han desaparecido.
Si no existen remilgos en instalar una cámara de vigilancia, tampoco existen para pinchar un teléfono ni para practicar el más abusivo acoso moral sobre el trabajador que el incompetente de turno elija. Es bueno que hayan empezado a saltar a los foros públicos lo que ocurre en los Ayuntamientos. Históricamente han sido Administraciones aisladas con escaso control, dado el centralismo administrativo del Estado que existía en épocas oscuras. Ahora el centralismo se ejerce desde otras Administraciones no menos oscuras y los Ayuntamientos han continuado siendo Administraciones dejadas de la mano de los dioses, para bien y para mal. De todas formas, no dejan de provocar cierta pena los trabajadores sindicalistas que denunciaron los hechos ante la Justicia. En las cosas de la vendetta, la Administración es lenta pero segura.
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Enviado por: admin el Jueves, 12 de Febrero de 2009 - 10:49 AM CET
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